La Consulta
Fausto Fernández Ponte
I
La decisión del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, de realizar una consulta popular en su ámbito geográfico-político acerca de las propuestas de reformas petroleras del Presidente de Facto, Felipe Calderón, es de suma trascendencia.
Precisamente por esa trascendencia, el propio gobierno que preside espuriamente el señor Calderón se opone a consultarle a la ciudadanía de la capital de la República Mexicana el destino de las citadas reformas.
Hágase la salvedad que, por supuesto, la ciudadanía del DF no es la totalidad de ciudadanos de México. Los habitantes de la capital conforman una porción numéricamente importante de la nación mexicana, más no es ésta su totalidad.
Empero, la ciudadanía capitalina –que debiere ser ya la del estado 32 de la Federación de Estados Unidos Mexicanos– es una muestra representativa, ciertamente muy gruesa, de la nacional en lo demográfico y social y en lo cultural.
La decisión del señor Ebrard descorre los velos que mal ocultan el temor del calderonismo –el propio don Felipe y su partido político, Acción Nacional, y los intereses que representan y abanderan– a la democracia.
Y es que quien fue instalado en el poder mediante conculcación aviesa de la democracia –el viciado proceso electoral de 2006– no puede sentirse identificado con el ideal democrático; de hecho, se burla de éste, como es evidente en sus propuestas.
II
Consultarle a la nación mexicana –poseedora, por ministerio de la Ley Suprema, del dominio directo de todos los recursos naturales comprendidos en el territorio nacional– qué hacer con éstos es un imperativo no sólo legal, sino indudablemente moral.
De decencia, pues, es ese imperativo; de honestidad, de congruencia –la más rara de todos los atributos humanos– y de cortesía elemental por aquellos que ejercen el poder público en nombre y representación formal de esa nación.
Consultarle, pues, a los mexicanos las propuestas de sus representantes formales –en los Poderes de la Unión con competencia constitucional para modificar el usufructo del patrimonio de éstos– es deber ineludible. Pero es eludido.
Y, por contrapartida, no hacerlo es inmoralidad, además de que descubriría que la cosmovisión, la filosofía del ejercicio del poder público y la responsabilidad de dicho ejercicio acusa y exhibe una distorsión monstruosamente antidemocrática.
Tal es el caso de las propuestas de la calderonía. Por su espuria investidura, don Felipe no se siente obligado a consultar con el pueblo sus decisiones de gobierno en materia del usufruicto del bien patrimonial de la naciòn mexicana.
Ese desprecio del calderonismo por el pueblo se acentúa y así permea y se asienta en la psique colectiva de los mexicanos. Perciben a don Felipe como un político antidemocrático y, como añadido, tramposo. Para él, la política es trampear.
III
Sí. Y trampear, además, en lo oscurito, en los propileos lujosos y opulentos de los grandes negociantes particulares de las élites empresariales –intereses creados del dinero–, como expresiones insoslayables de la cultura de la corrupción.
Trampear e insultar. Descalificar a quienes, por un lado, analizan objetivamente las propuestas calderonistas y, por otro, a quienes, en el extremo opuesto del espectro ideológico –la muy moderada izquierda lópezobradorista–, forzaron a debatir.
Al señor Calderón no parece moverlo su ideología de extrema derecha y su adhesión doctrinal al neoliberalismo voraz, rapaz, depredador y saqueador de México, sino la corrupción. Por corrupción, entrega los bienes de la nación a particulares.
Subyacente en el núcleo vero del móvil real de don Felipe está la explicación de ese proceder tramposo: escamotearle a la nación su patrimonio, sacándole la vuelta a la Constitución bajo guisas y disfraces legaloides para violarla y alzarse con el botín.
Robarle, sin duda, a la nación.
Robarle legalmente a la nación con coartadas jurídicas insostenibles, falsedad de premisas e inmoralidad procesal. La onsulta popular tendría valor intrínseco y agregado; éste último de plusvalía histórica.
La plusvalía de la consulta es la de que sería la nación misma, directamente, sin intermdiarios sospechosos de complicidades inconfesables como el Poder Leislativo, impedir el colosal intento de atraco del calderonismo a su patrimonio.
ffponte@gmail.com
Glosario:
Plusvalía histórica: valor agregado de carácter histórico o que adquiere importancia histórica.
Propileos: atrio, vestíbulo.
Desaparecidos por Calderón
Fausto Fernández Ponte
I
Desde hace un año –el 17 de mayo de 2007– 38 trabajadores de la refinería de Petróleos Mexicanos en Cadereyta, N. L., y sus dirigentes, están desaparecidos. Ignórase si están vivos o muertos y quienes los desaparecieron. Pero hay sospechas.
Sospéchase en esa localidad que los 38 trabajadores petroleros fueron desaparecidos ora por el Ejército, ora por fuerzas policiacas federales, ora por paramilitares. Descártase su secuestro con fines crematísticos, de pago.
¿Están presos? ¿Han sido torturados? ¿Viven aun? ¿Muertos? Ninguna autoridad civil de Nuevo León da respuestas que adyuven a desentrañar ese misterio que tiene en ascuas a familiares de aquellos, a otros petroleros y a la población entera misma.
Este tristísimo episodio mueve a reflexionar acerca de una instituciòn tan arraigada en la vida política nacional y en la cultura misma del poder, de la cual el sindicato nacional de trabajadores petroleros es expresión represiva y corrupta.
Desde que éste escribidor tiene memoria –casi ocho décadas–, en México se practica la desaparición forzada de ciudadanos insertos por motivos reivindicatorios y contestatarios en disidencias civiles organizadas o espontáneas y discrepancias.
Esa práctica, cabría añadir precisoriamente, es del Estado mexicano y los gobiernos que lo han representado desde el sexenio que presidió Manuel Avila Camacho (1940-46), aunque su sucesor, Miguel Alemán (1946-52) la intensificó.
La práctica, empero, se remonta a muchas décadas atrás. Notorio en desaparecer disidentes activos (y discrepantes pasivos) lo fue Porfirio Díaz. Y, antes, los abuelos del PAN –los gobiernos conservadores– se distinguieron por esa costumbre.
II
No huelga señalar que en los gobiernos posrevolucionarios –sobre todo los de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles y, sábese, el de Lázaro Cárdenas incluso– ésta práctica es sin duda execrable. Viola los derechos humanos y garantías individuales.
Cierto es que predeciblemente los mandatarios no son autores intelectuales directos de eas desapariciones, pero por omisión las condonan y, ergo, las fomentan. Esa omisión es conveniente a los intereses coyunturales de un Presidente de la República.II
Presidentes de la República como Alemán, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox fueron, en su momento, enterados de esa “solución final” a disidencias y discrepancias. ¿Hubo regodeo en ellos?
Díaz Ordaz fue informado por su jefe de Estado Mayor, el general Luis Gutiérrez Oropeza, de la desaparición forzada de decenas de disidentes y discrepantes el 2 de octubre de 1968, fecha de una matanza de unos 400 estudiantes en Tlatelolco.
Sin embargo, esa matanza, atribuida según fuentes históricas confiables, al ya citado jefe del Estado Mayor Presidencial de Díaz Ordaz, no es, en un sentido estricto, un cúmulo de desapariciones. Además de los muertos, hubo desaparecidos.
Muchos de esos desaparecidos en 1968 continúan así. Sólo se sabe que no existen, que fueron secuestrados por fuerzas paramilitares o parapoliciacas o simplemente por sicarios gubernamentales al servicio de un funcionario público.
Otro mandatario –éste, aun vivo– que ha dado muestras de haber tenido conocimiento de las desapariciones de disidentes y discrepantes es el señor Echeverría, a quien, por cierto, se le hizo causa por la comisión presunta del delito de genocidio.
III
Hubo desaparecidos en los sexenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid, pero el campeón indiscutido en esa práctica atroz fue el señor Salinas, en cuyo sexenio desaparecieron cientos de opositores del Frente Democrático Nacional y del PRD.
El invicto don Carlos –considerado por muchos, con razón o sin ella, el hombre fuerte de México, el que manda en el país, mentor ideológico de Felipe Calderón– jamás se ha andado por las ramas para darle desenlace expedito a los desafíos opositores.
Durante el zedillato y el foxiato las desapariciones forzadas de disidentes y discrepantes activos y pasivos fueron menos estridentes que durante el presidencialado de don Carlos, pero están documentadas; hay, pues, fehacencia de ellas.
La desaparición forzada de alguien –disidente o discrepante político activo o pasivo, con convocatoria y, por tanto, influencia social, o sin ellas– es censura extrema, definitiva, de acallamiento y silencio, y por lo mismo, brutal. Es represión.
No hay razón de Estado –v. gr., la seguridad de éste– que justifique la desapariciòn forzada de un ciudadano en ningún contexto sociopolítico, aun el más autoritario y antidemocrático como el que prevalece en México, que es por añadidura simulador.
En los 18 meses de lo que va del sexenio del señor Calderón –a quien millones de sus connacionales identifican como espurio y, por ello, Presidente de Facto–, el número de desaparecidos por fuerzas del Estado se presume alto: unos 750.
Los desaparecidos políticos, hágase la salvedad, son distintos de aquellos presos políticos cuyo paradero carcelario se conoce. Desaparecidos políticos son los dos eperristas cuya presentaciòn, vivos, es demanda cada día más conspicúa y generalizada.
ffponte@gmail.com
Glosario:
Regodeo: alegrarse, estar contento, deleitarse.
Sicarios: asesinos asalariados.
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Original post by el DEMÃ



