Combate a la corrupcion - Fight corruption

el DEMÓCRATA. PEDRO MATIAS -Noticias de Oaxaca. El secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, Edgar Cortés Morales, denunció que “la política represiva en México tiende a institucionalizarse, a través del incremento de la militarización y de la criminalización de la de la protesta social.

Y agregó que a pesar de la alternancia en el poder en el 2000 y el fin de la era del PRI, se siguen dando casos graves de represión contra los movimientos y la protesta social, ya que tan solo en el sexenio de Vicente Fox se documentaron casos como el de los altermundistas en Guadalajara, Jalisco los campesinos de Atenco, en el estado de México, y de los maestros e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

Al dar a conocer la campaña nacional denominada “La protesta es un derecho, la represión un delito”, consideró que lo preocupante es que Felipe Calderón ha continuado incrementando esa política represiva, la cual tiende a institucionalizarse.

Explicó que un Estado represor renuncia al diálogo, se ignoran las demandas, se posponen las respuestas y crecen los conflictos.

Además, recurre a la represión policial mediante la utilización de la violencia física, el secuestro Express donde los uniformados detienen, torturan y liberan sin ponerlos a disposición de la autoridad, cometen abusos sexuales, utilizan gases lacrimógenos, todo esto acompañado de la consecuente impunidad para los represores.

Aunado a ello, el Estado descalifica a los que se manifiestan o protestan al calificarlos de delincuentes, desestabilizadores y acusados de violar derechos de terceros.

No conforme, han decidido militarizar la vida civil para que sea el Ejército quien enfrente a la protesta y el descontento social y la militarización se manifiesta de diversas formas entre ellas:

La transferencia de soldados a los cuerpos policíacos; designación de militares en los altos puestos de las instituciones encargadas de la procuración de justicia; la participación directa del Ejército en acciones de combate a la delincuencia; la instalación de retenes con el pretexto del combate al narcotráfico y la militarización de comunidades indígenas y de alta marginación mediante la instalación de campamentos militares.

Es por ello que la Red que agrupa a 58 organizaciones del todo el país, entre ellas, el Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco” (BARCA), demandó a los tres niveles de gobierno que cese la política de represión y de criminalización de la protesta social; respeto a los derechos de libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de manifestación.

Así mismo, se pronunciaron por la apertura al diálogo como un canal adecuado para atender y escuchar las demandas legítimas de la ciudadanía.

De igual forma, exigieron la investigación seria y pronta de los casos denunciados por violaciones a sus derechos humanos, sanción efectiva a los responsables para que no sea un hecho más que se quede en la impunidad.

A su vez, la coordinadora de BARCA, Minerva Nora Martínez Lázaro, manifestó que no puede existir avance democrático sin un verdadero respeto a la libertad de expresión.

Destacó que ese derechos ha sido duramente atacado en Oaxaca por parte del gobierno federal y estatal, muestra de ello son la desaparición del indígena Lauro Juárez, ocurrida el 30 de diciembre del 2007, después de levantar un bloqueo que mantuvieron varios pueblos chatinos para demandar el respeto a la voluntad popular y a su sistema de usos y costumbres.

Posteriormente, el siete de febrero de este año, fueron detenidos Dora Ávila Betancourt, integrantes del Centro por los Derechos Humanos de la Mujer Nääwin y de Luis Fernando Canseco Girón, de la Sección 22 del SNTE, por delitos de daños a las vías de comunicación.

A ese caso se sumó, el 8 de abril, el asesinato de las locutoras triquis Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, de la emisora “La voz que rompe el silencio”, quienes denunciaron las violaciones a los derechos humanos, abusos de poder y en especial el incremento de las agresiones a las mujeres por caciques de la zona